Economía

Los acuerdos Gobierno a Gobierno, la deuda pública y el nuevo Gobierno, por Aldo Reggiardo

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Dada la necesidad imperiosa de cubrir el enorme déficit de infraestructura en el Perú y ante la incapacidad de los gobiernos de turno de contratar obra pública de manera adecuada y a costos eficientes, así como de gestionar las asociaciones público privadas de forma célere y transparente, se ha optado últimamente por los acuerdos Gobierno a Gobierno para desarrollar grandes proyectos.

Algunos proyectos realizados bajo la modalidad Gobierno a Gobierno son el aeropuerto de Chinchero, la infraestructura de los Juegos Panamericanos Lima 2019, la reconstrucción del norte peruano tras los efectos del Fenómeno del Niño, así como la construcción de la infraestructura de la nueva carretera central y de la Vía Expresa Santa Rosa.

Los acuerdos Gobierno a Gobierno, que conllevan la tercerización de la gestión y supervisión de la contratación de infraestructura, más allá de los beneficios que pueden traer para el país por la utilización de gerentes de proyecto (PMO) de calidad comprobada o de contratos especializados como los NEC, deben ser la excepción a la regla. Estos deben utilizarse de forma absolutamente excepcional y en casos de necesidad inminente.

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Admitir la utilización de los acuerdos de Gobierno a Gobierno de forma corriente significaría aceptar que los peruanos somos incapaces de contratar la infraestructura que necesitamos de forma eficiente y que en caso de hacerlo, no se podría contratar sin corrupción de por medio, cosa que me resisto a aceptar.

La regla debería ser la utilización de asociaciones público-privadas para el desarrollo de las grandes obras de infraestructura, adecuadamente dimensionadas y estructuradas, en donde el riesgo esté distribuido entre los privados, como desarrolladores y operadores de la infraestructura, y el Estado, como concedente de la misma. De esa manera, se permite, en primer lugar, que las obras puedan financiarse a través del mercado y no por el Estado, y, en segundo, que se pueda utilizar una contratación pública ágil, eficiente e incorruptible para el resto de las necesidades por cubrir tanto en obra como en servicios.

Llama la atención dos temas puntuales con relación a la infraestructura que se está desarrollando o que se desarrollaría a través de los acuerdos Gobierno a Gobierno. Primero que, existiendo un Plan de Infraestructura Nacional aprobado, muchas de dichas obras no se encuentren dentro de este, generando desorden en la ejecución planificada de la infraestructura nacional. Lo segundo es el impacto en la deuda pública que podría tener su ejecución, que en palabras del exministro Carlos Oliva podría generar que nuestra deuda pública se incremente hasta en un 44,1% del PBI. En pocas palabras, la única manera de cumplir con dichas obras es endeudando más a los peruanos y a niveles casi irresponsables en una situación de contracción económica por los estragos de la pandemia del COVID-19.

Finalmente, la ejecución de estos proyectos representará una presión en el presupuesto público para cualquiera que resulte ganador en las próximas elecciones, dado que implicará una restricción en el gasto corriente. Sólo el plan de gobierno de uno de los candidatos en carrera menciona tangencialmente la necesidad de impulsar las asociaciones público-privadas para el saneamiento y tratamiento de agua. Esperemos que se tome consciencia de esta situación, pues del mismo “cuero salen las correas” y el cheque lo pagaremos todos los peruanos.

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