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Militares de El Salvador desafían a Corte Suprema e impiden acceso a los archivos de la peor masacre en Latinoamérica

El juez Jorge Guzmán (derecha) conversa con un capitán de la Fuerza Aérea en la sede de la Segunda Brigada Aérea en la central localidad de San Luis Talpa (El Salvador). (EFE/ Rodrigo Sura).

La Fuerza Armada de El Salvador se opuso este martes, por tercera vez, a la inspección judicial de archivos militares por la masacre de 1.000 personas en El Mozote (1981), lo que supone un reto al respaldo que la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema dio al juez del proceso.

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Son tres las ocasiones en las que el cuerpo armado, con el respaldo del presidente Nayib Bukele, se ha negado a permitir la ejecución de la diligencia, ordenada el 15 de junio pasado.

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“Quisiera que nos dejara entrar porque es una diligencia judicial que está firme y únicamente queda su cumplimiento”, dijo el juez instructor de la causa, Jorge Guzmán, al militar que le impidió este martes el paso a la Segunda Brigada Aérea, en la localidad de San Luis Talpa.

El juez aclaró que la búsqueda se limitaría a documentos relacionados con la masacre de El Mozote como prueba para el esclarecimiento de la matanza.

Tres veces ha dado la misma explicación el juez y el mismo número de veces la Fuerza Armada se ha escudado en que guarda documentos “secretos” en sus recintos para bloquear las inspecciones.

El argumento fue el mismo este martes a pesar de que la Sala de lo Constitucional del Supremo rechazó un amparo presentado por el ministro de la Defensa, René Merino Monroy, que buscaba frenar por la vía legal las inspecciones, con lo que dio respaldo constitucional a la orden del juez Guzmán.

El juez Jorge Guzmán (derecha) conversa con un capitán de la Fuerza Aérea en la sede de la Segunda Brigada Aérea en la central localidad de San Luis Talpa (El Salvador). (EFE/ Rodrigo Sura).

LOS “SECRETOS” GUARDADOS

De acuerdo con Guzmán, los militares “están haciendo una interpretación equivocada sobre el concepto de planes militares secretos”, que ha sido discutido y decidido por tribunales nacionales e internacionales.

Como jurisprudencia sobre el tema citó el fallo de la Sala de lo Constitucional de 2016 que anuló una ley de amnistía de 1993, lo cual permitió reabrir el proceso por la masacre de El Mozote, y otro de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) de 2012 sobre esta matanza.

Indicó que los antecedentes judiciales de la CorteIDH señalan que “no puede invocarse una disposición de derecho interno para evitar y obstaculizar” investigaciones por graves violaciones a derechos humanos.

Por último, recordó que los jueces constitucionales rechazaron un amparo del ministro Merino, con el que intentaba frenar las diligencias por la vía legal y dieron respaldo al acceso.

El ministro no solo alegó, según el fallo dado a conocer el lunes, que se debía parar la diligencia porque existían archivos “secretos” en la unidades, sino que los mismos documentos que podrían estar relacionados tienen ese carácter confidencial.

“Pese a que se alega que los archivos sobre los cuales se realizará la inspección constituyen información de planes militares secretos, se debe tener en cuenta que en el referido proceso penal se están investigando hechos sucedidos en 1981 en la relacionada masacre, y por lo tanto serán documentos de esa época los que se examinarán”, sostuvieron los jueces constitucionales.

El capitán Carlos Escobar dijo hoy a Guzmán que en la Segunda Brigada Aérea no se encontraban planes de 1981, dado que fue fundada en 1986 y comenzó a funcionar en 1987.

“Tenemos nuestros planes particulares de defensa nacional, que son de carácter secreto” y “por tal razón yo no puedo autorizarle el acceso a los archivos de la Segunda Brigada Aérea”, dijo el oficial.

LA AMENAZA DE UN “SUPRAPODER” Y LA ORDEN SECRETA

Los argumentos legales dados por el juez y el respaldo constitucional no fueron suficientes para que se permitiera su ingreso, con lo que el Ejército desobedece y reta al Supremo.

“Aquí en este país no hay una institución que sea un suprapoder y que esté por encima de todos los demás, al grado de que no pueda someterse a las resoluciones judiciales que se dictan en la investigación de hechos de graves violaciones a derechos humanos”, advirtió Guzmán.

Esta decisión judicial no es la única que se ha desobedecido desde que el presidente Bukele llegó al poder, dado que en plena cuarentena por la pandemia del COVID-19 dijo públicamente que no cumpliría un fallo constitucional que le ordenaba no detener y confinar forzosamente a quienes se saltaran el confinamiento.

El capitán Escobar, junto a una asesora legal, admitió que ha recibido órdenes sobre estas diligencias y al ser preguntado sobre la autoridad que le mandó bloquear la inspección decidió retirarse.

Además, indicó que las ordenes recibidas no fueron modificadas ni con el respaldo que la diligencia recibió de la Sala de lo Constitucional.

LA DESOBEDIENCIA CONSTITUCIONAL

Para Wilfredo Medrano, abogado de las víctimas y miembro de la organización Tutela Legal “María Julia Hernández”, esta nueva negativa es una “desobediencia grave”.

“El máximo interprete de la Constitución ya dijo que no hay ningún agravio (con las inspecciones) y le reviste de legalidad todas las actuaciones que está realizando el juez”, dijo a Efe.

Añadió que “no respetar a la Sala de lo Constitucional es grave porque están incurriendo en varios delitos”.

“Aquí no se trata de un superpoder. La Fuerza Armada no esta por encima de los tres órganos de Estado”, por lo que “debe de someterse”, señaló el letrado, quien añadió que decir que Guzmán no tiene la facultad para realizar estas inspecciones “es algo absurdo”.

Más de una docena de mandos militares retirados son procesados por crímenes de lesa humanidad y en el proceso, en etapa de instrucción, han declarado unos 40 testigos.

En el marco de la guerra interna en el país (1980-1992), entre el 10 y 13 de diciembre de 1981, unidades de élite del Ejército ejecutaron al menos a 988 personas, la mayoría niños, en una operación militar de tierra arrasada.

La guerra interna enfrentó al Ejército, financiado por Estados Unidos, y a la guerrilla Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) y dejó un saldo de 75.000 muertos y 8.000 desaparecidos.

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