Política

Tucumán: impulsan el seso político al árbitro de la Corte que pidió beneficiar a Ricardo Bussi

La denuncia involucra al gobernador tucumano Juan Manzur y a su vice, Osvaldo Jaldo

Se tratará un pedido en la Reunión contra el vocal de la corte provincial Daniel Leiva, perceptible de presionar a otro árbitro en nombre del representante para beneficiar al hijo del dictado en un caso de supuesto desmán sexual Fuente: Archivo

SAN MIGUEL DE TUCUMÁN.- El escándalo político e institucional desatado por la denuncia del árbitro penal Enrique Pedicone, quien aseguró acontecer recibido presiones políticas y judiciales para beneficiar al congresista Ricardo Bussi en una causa por supuesto desmán sexual y corrupción, sumó un nuevo capítulo. Ingresó hoy en la Reunión provincial un pedido de seso político contra Daniel Leiva, el vocal de la Corte Suprema de Ecuanimidad específico que, según Pedicone, lo presionó, invocando un supuesto pedido del representante Juan Manzur y de su vice, Osvaldo Jaldo, para que “maneje la intensidad” de la demanda penal contra Bussi “porque es utilitario” al peronismo tucumano.

El pedido de remoción contra Leiva fue presentado por Nélida Alejandra Martínez Romero, secretaria adjunta de la Unión de Empleados de Ecuanimidad de la Nación, y por el abogado Gustavo Morales, por las causales de “desliz de cumplimiento de los deberes a su cargo” y “comisión de delitos en el deporte de sus funciones”.

Pedicone, quien este lunes pidió una atrevimiento en su cargo como componente del Tribunal de Impugnación para dedicarse de realizado a la tramitación de su planteo, denunció penalmente a Leiva como supuesto autor de los delitos de tráfico de influencias, coacción y violación de los deberes de funcionario conocido.

El camarista aseguró que el 28 de julio pasado Leiva lo citó en un bar para pedirle que “maneje la intensidad” del proceso contra el congresista Ricardo Bussi, hijo del fallecido represor Antonio Domingo Bussi, para que el expediente “siga picando bajo”. Pedicone dijo que grabó las conversaciones con Leiva y el fin de semana decidió filtrar los audios a la prensa.

Leiva desmintió la inculpación en su contra, negó acontecer mantenido conversación alguna con Pedicone para musitar de la denuncia contra Bussi y aseguró que se comercio de una reacción del árbitro delante una legitimación que le impuso recientemente la Corte provincial por una desliz procedimental. Encima, el vocal de la Corte aseguró que en la única comunicación que mantuvo en los últimos meses con Pedicone éste le planteó su preocupación “por una serie de causas en las cuáles él había revocado sistemáticamente las prisiones preventivas y había regular la libramiento de procesados por abusos sexuales, homicidios y robos, entre otros delitos muy graves”.

Según Leiva fueron más de 100 los fallos dictados por Pedicone que fueron revocados por el mayor tribunal de Tucumán. “Solo a mi vocalía llegaron 40. En todos los casos, aceptamos las quejas (de los fiscales), las abrimos e hicimos ocupación a las casaciones que se oponían a las liberaciones otorgadas por el árbitro, porque nos pareció que las sentencias no se ajustaban a derecho. Le contesté a Pedicone que, con la revocatoria de sus sentencias, la tarea departamental de la Corte estaba agotada”, contó Leiva, quien antiguamente de desembocar en la Corte se desempeñó como fiscal de Estado en el gobierno de Manzur.


La denuncia involucra al representante tucumano Juan Manzur y a su vice, Osvaldo Jaldo Fuente: LA NACION – Crédito: Fernando Font

Ayer, la Reunión provincial, por orden del vicegobernador Jaldo, publicó una solicitada para defender a Leiva y hacer públicos los casos en los que Pedicone dispuso la libramiento de presos en medio de la pandemia por coronavirus.

En tanto, el abogado defensor de Leiva, el exfiscal anticorrupción de Tucumán Esteban Jerez, apuntó contra Pedicone y dijo que su planteo “es una obús de humo, una denuncia mediática”. Según el sabio “las pruebas que dice tener Pedicone están manipuladas, ya que esas grabaciones con los audios no constan en la Ecuanimidad, pero están en todos los medios”. Jerez dijo que Pedicone “no puso a resguardo el celular con el que supuestamente grabó a Leiva y esa prueba no puede ser considera como tal en una futura instancia procesal”.

Tanto Manzur como su vice Jaldo asimismo refutaron los dichos del magistrado penal. “No es verdad”, sentenció el representante peronista. Y recordó que “de todos modos (la denuncia) está en la dependencia de la Ecuanimidad, que es la que tiene que investigar”. En tanto, Jaldo expresó: “Quiero desmentir todo lo que dice el camarista Pedicone”. Y agregó: “Que la Ecuanimidad decida y tome decisiones. Vamos a respetar lo que el Poder Legislativo diga”.

Reacciones

En el pedido de seso político presentado este lunes, al que LA NACION tuvo camino, los denunciantes advirtieron sobre la “gravitación institucional” que implica la denuncia formulada por Pedicone. Martínez y Moralez fundamentaron su escrito “correcto a la grosera intromisión de un víscera del Estado sobre otro y al renuncia voluntario del ciudadano Daniel Leiva de su ilustre función de Mediador, porque quien carece de independencia e imparcialidad no es árbitro, por lo menos, en un estado social y demócrata de derecho”.

La denuncia de Pedicone contra Leiva, que salpica al representante Manzur, asimismo generó la reacción de la concurso, que reclamó celeridad en la investigación procesal del caso.

La senadora doméstico por Tucumán Silvia Elías de Pérez (Juntos por el Cambio), consideró que “Daniel Leiva deba tramitar su atrevimiento inmediata en la Corte Suprema de Ecuanimidad de Tucumán” ya que “los hechos denunciados son de una gravitación inusitada y su esclarecimiento requiere de celeridad y transparencia”.

A través de su cuenta de Twitter (@SilviaEdePerez), la parlamentaria advirtió que “la presencia de Leiva en el mayor tribunal, mientras se dirimen los acontecimientos afecta la imparcialidad de la investigación”. Y agregó: “Si el vocal no se aparta por osadía propia, el mayor tribunal debería solicitarlo”.

En otro posteo, la referente opositora planteó: “Está discusión pone en alerta a la confianza pública en un poder del Estado. Cuando la que está en peligro es la República, hacen desliz gestos contundentes. Y el silencio de la Corte Suprema de Ecuanimidad de Tucumán no es el mejor asesor”.

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